La petición se presentó después de que un juez federal desechara el recurso legal con el que se buscaba impedir su captura por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
El trámite fue gestionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la Embajada de Estados Unidos y notificado al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas. El pasado 11 de febrero, un juez resolvió negarle la protección judicial al exmandatario, así como a cuatro integrantes de su familia, quienes también figuran en las investigaciones.
Tras esta resolución, las autoridades mexicanas consideran al exgobernador como prófugo de la justicia y señalan que actualmente reside en territorio estadounidense. No obstante, la defensa del exfuncionario sostiene que el proceso de extradición carece de sustento inmediato.
Sus abogados aseguran que aún cuentan con recursos legales vigentes y adelantaron que impugnarán la decisión ante un tribunal superior, con la expectativa de revertirla en las próximas semanas.
