La oficina del Primer Ministro, Keir Starmer, emitió una declaración oficial confirmando que se permitirá a Washington el uso de estas instalaciones bajo el marco de la "autodefensa colectiva de la región".
Este permiso faculta específicamente a las fuerzas estadounidenses para ejecutar operaciones destinadas a:
Degradar emplazamientos de misiles: Atacar las lanzaderas y almacenes utilizados por Irán para hostigar al tráfico marítimo.
Proteger buques comerciales: Asegurar la libre navegación de embarcaciones de aliados y socios del Golfo.
Aunque Gran Bretaña ya había otorgado permisos limitados para tareas defensivas poco después del inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero, este nuevo acuerdo amplía el alcance operativo, permitiendo ataques directos contra la infraestructura de misiles iraní.
El anuncio de Downing Street se produce en un clima de alta tensión diplomática. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó recientemente de "cobardes" a varios socios de la OTAN por su reticencia a involucrarse directamente en las misiones para asegurar el estrecho de Ormuz.
Ante estas críticas, el gobierno de Starmer subrayó que el Reino Unido está "trabajando estrechamente con socios internacionales para desarrollar un plan viable" que salvaguarde el transporte marítimo sin necesariamente arrastrar a toda la alianza a una guerra total, aunque el uso de sus bases marca una colaboración militar sin precedentes en este conflicto.
Impacto económico y seguridad regional
El Gobierno británico condenó enérgicamente que Irán haya ampliado sus objetivos militares para incluir el transporte marítimo internacional, afectando incluso a buques con bandera iraní y de aliados cercanos.
"Los ataques imprudentes de Irán arriesgan a la región a sumirse en una crisis aún mayor, agravando el impacto económico que ya se siente en el Reino Unido y en todo el mundo", advirtió el comunicado oficial.
Con el precio de los combustibles en ascenso y la estabilidad energética global en juego, Londres justifica esta escalada como una medida de "última instancia" para evitar un colapso del comercio internacional en el Golfo Pérsico.
