Las protestas se extendieron por Morelos, Zacatecas, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Baja California, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas, Chihuahua y San Luis Potosí. En el caso de Sinaloa, los manifestantes optaron por una toma simbólica de casetas, permitiendo el libre tránsito de vehículos sin el pago de peaje.
Las demandas centrales del movimiento son:
Sector Agrícola: Precios justos para el maíz y el sorgo, además de un incremento en los apoyos directos al campo.
Sector Transportista: Frenar el aumento constante en el precio del combustible y garantías de seguridad ante la violencia en las rutas federales.
A pesar de la magnitud inicial de las protestas, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, gracias a la implementación de mecanismos de diálogo, el número de bloqueos se redujo a menos de la mitad hacia el final del día.
Según el corte de las 18:00 horas, de los once puntos críticos reportados al mediodía, solo permanecían activos cinco bloqueos en igual número de estados. Entre los puntos que aún presentaban afectaciones se encuentran:
Baja California: Carretera Federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado.
Guanajuato: Carretera Federal 110, Pénjamo–La Piedad.
Michoacán: Caseta Contepec en la Autopista México-Guadalajara.
Tlaxcala/Puebla: Carretera Federal 136 (México-Veracruz).
"Las autoridades federales han mantenido coordinación permanente... buscando la menor afectación a la ciudadanía y respetando el derecho a la libre manifestación", señaló la dependencia en un comunicado.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la necesidad de las protestas, asegurando que los canales de comunicación con los sectores afectados han permanecido abiertos.
La mandataria defendió la política de su administración hacia el campo, destacando que de noviembre a la fecha se han destinado 4 mil millones de pesos en apoyos directos para más de 40 mil productores.
“No vemos razón para las movilizaciones”, aseveró Sheinbaum, exhortando a los inconformes a liberar las vialidades y acudir a las vías institucionales para evitar afectaciones al libre tránsito y a la economía de terceros.
