TLALNEPANTLA, Estado de México – La seguridad y los protocolos internos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han sido puestos en duda tras la detención de un empleado del Hospital General Regional (HGR) No. 72. El trabajador es acusado de agredir sexualmente a una paciente de 28 años que se encontraba internada en el área de urgencias.
De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurrió durante la madrugada del pasado lunes 4 de mayo. La víctima denunció que el camillero, identificado como Alfredo “N”, aprovechó un descuido en la vigilancia del área y la vulnerabilidad de su estado de salud para realizar tocamientos inapropiados e intentar una agresión sexual mayor.
Ante el señalamiento directo, elementos de la Policía Municipal de Tlalnepantla ingresaron al nosocomio para realizar el arresto. De inmediato, se activó la Unidad de Género municipal para ofrecer acompañamiento psicológico y asesoría jurídica a la afectada.
Tras su captura, Alfredo “N” fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). La institución confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de abuso sexual.
"Las indagatorias siguen en curso con el fin de establecer su responsabilidad y determinar las sanciones que correspondan según la normativa vigente", señalaron las autoridades ministeriales.
La representación del IMSS en el Estado de México Oriente emitió un comunicado oficial en el que confirmó la detención y aseguró que colaborará estrechamente con la Fiscalía para el esclarecimiento del caso.
Puntos clave del pronunciamiento del Instituto:
Colaboración total: El IMSS entregará la información requerida por la autoridad judicial.
Atención a la víctima: Se comprometieron a brindar apoyo integral a la paciente afectada y a su familia.
Cero tolerancia: Se iniciará una investigación administrativa interna para determinar las sanciones laborales correspondientes.
Este caso ha generado una fuerte indignación entre la ciudadanía, reabriendo el debate sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y los controles de confianza del personal en las instituciones de salud pública para garantizar la integridad de los pacientes.
