MADERO, MICHOACÁN – La defensa de los recursos naturales en Michoacán se ha cobrado una nueva víctima. Roberto Chávez, ambientalista y miembro del Comité de Defensa Ambiental del Sangarro, fue ejecutado el pasado 12 de abril, elevando a 70 la cifra de agresiones contra defensores del territorio en la entidad, según datos del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).
El ataque ocurrió a plena luz del día y frente a sus seres queridos. De acuerdo con los reportes oficiales, sujetos armados interceptaron a Chávez mientras caminaba a escasos metros de su familia en un camino rural entre El Terrenate y Etúcuaro. Los agresores le dispararon en tres ocasiones directamente a la cabeza; en la escena, las autoridades embalaron tres casquillos calibre 9 milímetros.
Roberto Chávez era una voz activa contra la tala ilegal de pinos y encinos. Su labor se centraba en frenar la deforestación de la región, la cual es impulsada por la expansión desmedida de las huertas de aguacate, un sector económico que, en diversas zonas de Michoacán, ha sido cooptado por grupos del crimen organizado.
Esta ejecución no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia donde los intereses económicos de la agroindustria y las estructuras delictivas chocan directamente con quienes buscan preservar el ecosistema.
El asesinato de Chávez reactiva la memoria de una larga lista de crímenes que permanecen en la impunidad. El CSIM denuncia que la entidad acumula decenas de casos entre desapariciones, asesinatos y detenciones arbitrarias bajo un mismo sello: la falta de justicia.
Casos emblemáticos que siguen sin esclarecerse:
José Gabriel Pelayo: Maestro y activista desaparecido desde marzo de 2024 en Coalcomán. A dos años de su última pista, la Fiscalía Especializada no ha reportado avances significativos.
Homero Gómez González: El emblemático defensor de la Mariposa Monarca, hallado muerto en un pozo en 2020. Aunque se reportaron amenazas previas, la versión oficial de "asfixia por sumersión" sigue generando dudas.
Raúl Hernández Romero: Guía y defensor del santuario El Campanario, localizado sin vida días después de la muerte de Homero Gómez en 2020.
Organizaciones de derechos humanos coinciden en que la impunidad predominante es el factor que permite que estos crímenes se repitan. La presión sobre las zonas forestales por el cultivo de aguacate ha generado una zona de guerra silenciosa donde los defensores del territorio quedan desprotegidos ante la potencia de fuego de los grupos delictivos.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado sobre la detención de los responsables del ataque contra Roberto Chávez, manteniendo el ciclo de violencia que asfixia a las comunidades indígenas y ambientales del estado.
