CIUDAD DE MÉXICO – Durante la conferencia matutina de este martes, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum puso bajo los reflectores el caso de la privación de la libertad de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, y su padre, el Dr. Juan Vega Arredondo.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue el encargado de desglosar los avances de una investigación que ha captado la atención nacional por sus peculiares aristas y el contexto de violencia en Guerrero.
A pregunta expresa sobre la identidad de los captores, García Harfuch reveló que las indagatorias preliminares apuntan directamente a La Familia Michoacana. Según el funcionario, esta tesis se sustenta en indicios sólidos recabados por las autoridades federales y estatales, aunque aclaró que la investigación sigue en curso.
Un dato que destaca en el informe oficial es la ausencia de un móvil económico tradicional:
"El doctor Juan Vega Arredondo desapareció el pasado 11 de abril sin que existiera una exigencia económica, lo que refuerza otras posibles motivaciones detrás del hecho", señaló el secretario.
Tras un operativo coordinado, el alcalde y su progenitor fueron localizados con vida gracias a la intervención de la Policía Estatal del Estado de México. Tras el hallazgo, ambos fueron trasladados al municipio de Iguala, donde se les realizaron los exámenes médicos correspondientes para garantizar su integridad física.
El caso no solo se limita al secuestro. El gabinete de seguridad confirmó que la carpeta de investigación incluye el análisis de dos narcomantas localizadas recientemente. En dichos mensajes, se vierten señalamientos sobre presuntos vínculos entre el crimen organizado y el edil Juan Andrés Vega.
El gabinete de seguridad subrayó que no se descartan otras líneas de investigación mientras se busca esclarecer el trasfondo de estos eventos. El incidente vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las autoridades locales en regiones con fuerte presencia delictiva y la complejidad de los delitos de alto impacto que desafían la gobernabilidad en el país.
