CIUDAD DE MÉXICO – En un movimiento estratégico previo a la visita oficial del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, el Gobierno de México presentó un paquete de 10 medidas urgentes para enfrentar la crisis de desapariciones que suma ya más de 133,000 casos en territorio nacional.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezó el anuncio destacando una nueva política de "cero demora". Entre los ejes principales sobresale la obligatoriedad de iniciar investigaciones formales desde el primer aviso y la creación de una Alerta Nacional de localización inmediata.
La estrategia busca revertir una estadística alarmante: según datos del colectivo Causa en Común, actualmente 97 de cada 100 casos de desaparición en México ni siquiera cuentan con una carpeta de investigación abierta.
Para combatir esta parálisis institucional, el plan contempla:
Investigación obligatoria: Ninguna autoridad podrá esperar periodos de "gracia" para buscar a una persona.
Unificación tecnológica: Se creará un Registro Nacional Unificado y una Plataforma Única de Identidad (PUI) que cruzará datos biométricos y de la CURP para detectar si una persona desaparecida intenta utilizar sus documentos.
Fiscalías Especializadas: La obligatoriedad de contar con unidades exclusivas para este delito en todas las entidades.
Uno de los puntos más críticos de la presentación fue el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF). Bajo el control de la FGR, este banco es la apuesta para resolver el rezago de más de 70,000 cuerpos que permanecen sin identificar en morgues y fosas comunes.
La magnitud de la tragedia territorial queda de manifiesto con los hallazgos de Causa en Común, que documenta 3,038 fosas clandestinas en el último sexenio, con Jalisco, Sonora y Guanajuato a la cabeza de esta geografía del horror.
"Estamos dispuestos a colaborar y trabajar de la mano con todos los organismos internacionales", afirmó la secretaria Rodríguez, aunque mantuvo una postura firme ante las críticas externas.
A pesar de la voluntad de diálogo, persiste la fricción con los organismos internacionales. Rosa Icela Rodríguez descalificó recientemente el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), que calificó la situación en México como "generalizada y sistemática".
"No estamos a favor de las conclusiones de ese documento... el comité no ha tomado en cuenta nuestra información", sentenció la funcionaria.
Este anuncio funciona como el último ajuste de piezas antes de que el Alto Comisionado Volker Türk aterrice en el país la próxima semana para reunirse con autoridades y, crucialmente, con los colectivos de madres buscadoras, quienes han señalado que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO) aún carece de transparencia y lineamientos públicos para una verificación independiente.
