CIUDAD DE MÉXICO – En un tono firme y directo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció este martes una marcada disparidad en la cooperación judicial entre México y Estados Unidos. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que, mientras su gobierno ha cumplido con la entrega de decenas de prófugos, Washington mantiene en la congeladora solicitudes clave para la justicia mexicana.
La Presidenta subrayó que la relación en materia de seguridad y justicia no está siendo equitativa. Para ilustrar su punto, Sheinbaum contrastó las cifras de entregas realizadas por México frente a las respuestas nulas recibidas por parte de las autoridades estadounidenses:
Entregas de México: Más de 90 personas perseguidas por la justicia de EE. UU. han sido enviadas desde cárceles mexicanas.
Solicitudes de México: El gobierno federal ha solicitado la extradición de 4 personas vinculadas al robo de combustible (huachicol) y 2 personas relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Resultado: Hasta el momento, Estados Unidos no ha entregado a ninguno de los requeridos.
“Es responsabilidad compartida. Nosotros hemos cumplido, pero ellos no han enviado a nadie. La cooperación debe ser compartida y sustentada con pruebas”, declaró la Mandataria.
Un ejemplo crítico de esta falta de respuesta es la situación del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) formalizó la solicitud de detención provisional con fines de extradición, el proceso parece estar paralizado en Washington.
De acuerdo con registros oficiales, desde abril de 2024 la SRE notificó que el trámite estaba "bajo estudio" por parte de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, tras casi 22 meses de gestión, el exmandatario panista no ha sido presentado ante una Corte Federal para iniciar el proceso formal.
Las declaraciones de Sheinbaum surgen como respuesta a los comentarios del Fiscal General de Estados Unidos, quien sugirió que las acusaciones contra funcionarios mexicanos continuarían.
Al respecto, la Presidenta fue enfática en que su administración no aceptará señalamientos sin fundamentos:
Exigencia de pruebas: Cualquier acusación contra servidores públicos debe estar respaldada por evidencias formales.
Canales institucionales: La colaboración debe ceñirse estrictamente a los mecanismos y tratados internacionales ya establecidos.
Con este posicionamiento, el Gobierno de México envía un mensaje claro: la era de la cooperación unidireccional ha terminado, exigiendo que la corresponsabilidad sea la base de la agenda binacional en materia de justicia.
