CIUDAD DE MÉXICO – La relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos enfrenta un nuevo episodio de fricción. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente al gobierno estadounidense tras revelar la negativa sistemática a decenas de solicitudes de extradición presentadas por México, argumentando una presunta “falta de pruebas”.
El anuncio, realizado durante su conferencia matutina, pone bajo la lupa la efectividad de los tratados de cooperación judicial en un momento crítico para la lucha contra el crimen organizado transnacional.
De acuerdo con la mandataria, la administración estadounidense ha frenado el proceso de 38 casos específicos, una cifra que ha generado profunda inconformidad en el gabinete de seguridad mexicano.
38 solicitudes rechazadas en total.
36 órdenes de detención urgente con fines de proceso judicial que no fueron cumplimentadas.
Motivo principal: Insuficiencia probatoria, según las autoridades de EE.UU.
"Se trata de expedientes relevantes dentro de investigaciones de seguridad y procuración de justicia", enfatizó la presidenta, sugiriendo que los rechazos obstaculizan procesos clave para la paz interna del país.
Ante lo que el Gobierno Federal considera una traba burocrática o técnica, Sheinbaum anunció que la próxima semana se presentará un informe detallado. Este documento buscará:
Transparentar los expedientes enviados por México.
Exponer las respuestas textuales emitidas por los fiscales y jueces estadounidenses.
Analizar si existe una disparidad injustificada en los criterios de valoración de pruebas entre ambos sistemas legales.
La controversia no ocurre de forma aislada. El reclamo de la presidenta se entrelaza con la exigencia de México para que Washington entregue pruebas sólidas relacionadas con las acusaciones que pesan sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve políticos mexicanos.
Hasta el momento, México sostiene que cualquier señalamiento debe estar sustentado en elementos jurídicos firmes para evitar violaciones a la soberanía y al debido proceso.
Este choque de posturas refleja la complejidad de una relación donde la confianza mutua es el pilar principal. Mientras ambos países presumen una coordinación estrecha en inteligencia, el rechazo de estas extradiciones sugiere una brecha en la interpretación de la ley que podría enfriar la colaboración en futuras investigaciones conjuntas contra redes delictivas de alto impacto.
